Por Yenny Delgado-

El 14 de mayo por la noche, 25 hombres blancos en el Senado del estado de Alabama, Estados Unidos, votaron a favor de la ley de protección de la vida humana, una iniciativa contra el aborto firmada y promulgada al día siguiente por la gobernadora Kay Ivey, una mujer blanca de 74 años. Esta ley hace que el aborto sea un delito en cualquier etapa del embarazo, con excepciones permitidas sólo si la vida de la mujer está amenazada. Teniendo en cuenta la demografía del estado y el acceso a la atención médica básica, esta ley afectará de manera desproporcionada a las mujeres de color que viven en situaciones de pobreza.

Para comprender el debate actual y el rechazo a la ley de Alabama, debemos ir más allá de las reflexiones sobre si el aborto debe ser o no legal, ya que el fondo del asunto es si una mujer tiene o no plena autonomía y capacidad para tomar la decisión de cuándo quiere ser madre.

Conocer la historia del aborto en Estados Unidos y la política apoyada por el gobierno en tiempos de la esclavización muestra claramente la diferencia entre las decisiones públicas y privadas en cuanto a la reproducción; las definiciones son más o menos tolerantes dependiendo de los beneficios que traigan estas leyes a los que están en el poder, en este caso, en su mayoría, a los hombres.

Referencias históricas

Las leyes en contra del aborto nunca han estado en manos de las mujeres. En el siglo XX, las leyes y políticas estatales cambiaron con los ritmos de la expansión económica y militar, el deseo de mano de obra barata y el aumento del consumismo. La historia del aborto ilustra que fueron los primeros sacerdotes, luego los médicos, y ahora los legisladores y jueces –nunca las mujeres– quienes definieron el acceso y la moralidad en torno a la maternidad.

Desde la fundación del país hasta el final de la Guerra Civil de 1865, siempre hubo una diferencia en el acceso a la atención médica entre las mujeres africanas esclavizadas y las mujeres libres europeas. A lo largo del período colonial y durante los primeros años de la república, las mujeres esclavizadas estaban sujetas a las reglas de los esclavistas y se les negó rotundamente cualquier opción para interrumpir el embarazo, aunque muchos de los embarazos fueron el resultado de una violación o abuso sexual.

A las mujeres esclavizadas se les negó el aborto debido principalmente a que cada bebé que nacía era visto como un incremento del capital del hombre blanco, dueño del nuevo infante. Quedaba claro que los esclavistas no asumían la paternidad, sino más bien asumían el rol de dueños de los nuevos bebés nacidos en su plantación. Sin duda, las leyes que prohibían el aborto no fueron diseñadas con el propósito de proteger al feto o a la mujer; se aplicaron principalmente para proteger los intereses económicos del esclavizador. Para asegurar un mayor valor económico y para el placer hedonista: los hombres blancos violaban a las esclavas para multiplicar su capital privado. Ni el dueño de los esclavos ni el gobierno proporcionaron nada a las mujeres: ni atención médica, ni manutención infantil.

En esta sociedad esclavista, el recién nacido era parte de la servidumbre, donde estaría disponible para los caprichos y deseos de su dueño. No cabe duda de que el incesto y otras atrocidades sexuales eran parte de esta ley de posesión. Los argumentos relacionados con la protección de la vida no estaban presentes en esa época; esta argumentación surge más adelante, cuando la ideología de la supremacía blanca comenzó a mostrar interés por la diferenciación entre los blancos y los que no lo eran, incluyendo los mulatos, mestizos y africanos, que llegaron ser, en estados como Virginia, mayoría en la población. Se legisló para que los esclavizados no fueran considerados seres humanos sino propiedad del esclavizador, y en la Constitución de Estados Unidos (1787) se establecía que contaban como tres quintas partes de una persona.

Ya sea durante el tiempo de la esclavitud o incluso hasta el día de hoy, la religión, la medicina, los negocios y las leyes fueron la base de los gobernantes para prevenir el acceso a la autodeterminación femenina en la maternidad. Hasta hoy, Estados Unidos necesita una población en crecimiento para mantener el sistema económico y político que se basa en un mayor consumo y en una clase obrera que mantenga al país. Esto hipotéticamente colocaría a las mujeres como las principales tomadoras de decisión en el hecho de reproducción, pero no es así. De hecho, las mujeres, y específicamente las mujeres gestantes, son las que ahora están atrapadas sin una ley que las proteja para poder decidir.

El acceso al aborto ha estado siempre reservado a la decisión del hombre; en este caso, a los legisladores, al igual que lo están el acceso a los métodos de planificación familiar, que cada vez son menos accesibles en Estados Unidos. De esta forma, la manera en que el gobierno apoya los esfuerzos en países en desarrollo con respecto a la planificación familiar parece entrar en contradicción con lo que está permitido dentro del propio país.

¿Contradicciones en la política externa de asistencia?

Uno de los mayores debates relacionados con la Ley de Asistencia Asequible en Estados Unidos se convirtió en ley el 23 de marzo de 2010, cuando se estableció que los métodos anticonceptivos y el asesoramiento de programas de planificación familiar deben proporcionarse en virtud de todos los planes de cuidado de la salud. Estas disposiciones son similares a las que aplican otros países, y sin embargo, esta ley no sólo generó el alboroto y el rechazo de los grupos religiosos más fundamentalistas en el país, sino también de las corporaciones con fines de lucro. Las aseguradoras demandaron exenciones en contra de proporcionar beneficios básicos de planificación familiar como parte de su paquete de seguro médico (píldoras anticonceptivas, inyectables o parches, condones, diafragmas, etcétera).

Si bien hubo un feroz debate, y en Estados Unidos se sigue discutiendo si todos los planes de salud deben brindar atención anticonceptiva y proveer a las mujeres de mayor información acerca de cómo planificar un embarazo, estas disposiciones no parecen ser un problema cuando se trata de controlar el crecimiento de la población en otros países, como los del sur de América o África.

Como podemos encontrar en su página web, el gobierno de Estados Unidos, por intermedio de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), es el mayor donante bilateral de planificación familiar del mundo (40 países). USAID se compromete a ayudar a los países a cumplir la “Planificación familiar 2020”, con objetivos que incluyen promover la capacidad de las mujeres para tener autonomía sobre sus cuerpos y apoyar programas voluntarios de planificación familiar y salud reproductiva. Reconoce que esta atención beneficiará a la población para reducir el VIH y el sida, reducir la pobreza, mejorar los derechos individuales de las mujeres y disminuir el número de abortos.

Volviendo a las políticas internas

En Estados Unidos, todas las familias con cobertura médica privada no siempre tienen acceso a coberturas de planificación familiar. Cada vez más, se prohíbe o niega la atención médica, el acceso al aborto está limitado y con penas de cárcel no sólo para la mujer sino también para los médicos, y cada vez más la salud de las mujeres es condicionada por los legisladores, que en su mayoría son hombres blancos y ricos.

Si la maternidad se tratara como una propiedad privada, las mujeres tendríamos algo que decir en cuanto a la adquisición de anticonceptivos y el acceso al aborto. Sin embargo, en nuestra sociedad el cuerpo de una mujer se trata como un espacio público gobernado por otros. Con estas leyes cada vez más opresivas contra la mujer, surge la pregunta: ¿la maternidad es considerada una opción o una obligación?

Reglas del patriarcado

En la narrativa de la sociedad y en el sistema de valores judeocristiano, el hombre está en el centro del poder, la sociedad y la cultura. Esta comprensión de la sociedad y la naturaleza se manifiesta claramente en el área de la autodeterminación y la maternidad, donde los cuerpos legislativos, típicamente compuestos por hombres, se unen para normar sobre la moralidad del cuerpo de la mujer y sus funciones reproductivas. Dentro de este marco, las mujeres quedan fuera del proceso creativo y sólo sirven como instrumento sin voz ni voto.

Sin embargo, cuando una mujer tiene derecho a elegir y tener autonomía sobre su propio cuerpo, y puede decidir libremente si desea continuar o terminar el embarazo, se convierte en una creadora por derecho propio. La creación y reproducción de la humanidad ya no estarían libradas a la sola voluntad de los hombres, sino que las mujeres se convertirían en creadoras de humanidad, algo a lo que los hombres nunca podrán acceder por naturaleza. Esto los ha llevado a lo largo de la historia a predicar, reglamentar leyes o crear narrativas de opresión con el objetivo de quitarnos la decisión de reproducción, para que solamente ellos puedan tener el control de nuestros cuerpos, algo que se ha repetido una y otra vez en la historia.

Pero en este momento crucial, cuando parece que la maternidad está una vez más en manos de una decisión pública controlada por el gobierno, se levantan voces de resistencia contra leyes como la que se acaba de aprobar en Alabama. Las mujeres llevan décadas de libertad y están listas para defender el derecho fundamental a la privacidad, a controlar su propio cuerpo, a decidir por ellas mismas el momento de asumir con responsabilidad la maternidad. Algo que se luchará por mantener no sólo desde las calles, sino con el poder del voto en las urnas.

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